viernes, 13 de mayo de 2016

Allanaron el Ing La Fronterita en el marco del Juicio por el Operativo Independencia


El Ingenio La Fronterita es uno de esos espacios que demuestran el peso de la enunciación “dictadura cívico-militar, incluso antes de que la dictadura fuera una realidad en todo el país. Allí en el sur azucarero tucumano, quedaron guardados rastros de esa complicidad empresaria con las fuerzas represivas.
Al menos desde febrero de 1975, con el comienzo del Operativo Independencia, La Fronterita -el ingenio y su zona de influencia- fue sede de una de las bases donde se desplegó la denominada Fuerza de Tareas Rayo -una combinación de miembros de fuerzas armadas y de seguridad- y se puso en funcionamiento un Centro Clandestino de Detención (CCD) "con el objeto de reunir personas secuestradas con el fin de extraerles información por medio de torturas y que estas personas en general luego eran trasladadas a otros CCDs de mayor envergadura", tal como figura en la orden de allanamiento de oficinas de esa empresa, que dispuso el juez federal Daniel Bejas, a pedido el titular de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal federal Pablo Camuña (ver nota completa en fiscales.gob.ar)
En la causa por la que se realizó el allanamiento se investiga qué sucedió con al menos 43 víctimas que pasaron por el CCD y la base militar. Se trata de pobladores del mismo predio que vivían en las colonias obreras del ingenio, como de trabajadores de la firma que vivían en otros lugares y habitantes de poblaciones adyacentes.
El allanamiento se concretó el martes, con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en la sede del Ingenio La Fronterita, a unos cinco kilómetros de Famaillá, y en las oficinas de Córdoba capital de la firma José Minetti & Cía. Ltda. SACI, como parte de una causa en la que se investigan crímenes de lesa humanidad en el marco del Operativo Independencia,. Actualmente están siendo juzgadas 20 personas por crímenes cometidos contra 270 personas, durante en ese mismo período.
Según reportó el portal Fiscales.gob.ar, durante el procedimiento del que participó el fiscal Camuña junto a unos setenta efectivos de la PSA se secuestró en la sede del ingenio los legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD, recibos de sueldos de la época, libros de personal (sueldos y jornales, personal, entre otra documentación), archivos de litigios laborales y otros documentos de relevancia para la causa. De la oficina de Córdoba fueron secuestrados libros contables y de balances.
La medida judicial se tomó ante la falta de respuesta de la empresa al requerimiento que hizo el fiscal Camuña el 3 de mayo pasado. Camuña remarcó que "pese a las reiteradas notificaciones, la empresa nunca cumplió con lo requerido y por lo tanto se desconoce cuál es la documentación que se encontraba en poder de la requerida al momento en que le fuera notificada la medida cautelar" en noviembre del año pasado.

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