lunes, 26 de junio de 2017

Lxs aparecidxs también están presentes

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio

El pasado jueves 15 de junio, a través de videoconferencia, declararon los investigadores Pablo Gallo, Profesor en Cs Antropológicas de la UBA y Sofía Galia, Licenciada en Antropología de la UBA, donde también trabaja en el área de análisis de laboratorio antropológico. Ambos son integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EEAF). Este grupo de investigación especializado en la investigación forense para la identificación de personas cuenta con un prestigioso currículum y ha realizado diversas investigaciones en varias provincias del país, así como también en otros países.
El equipo ha realizado excavaciones en el Cementerio del Norte, recurriendo a relatos y fuentes documentales para localizar las fosas comunes donde la fuerzas represivas intentaron esconder la evidencia de los asesinatos cometidos durante el desarrollo del Operativo Independencia y la posterior dictadura cívico militar.
Las pericias realizadas entre 2006 y 2008 permitieron recuperar la identidad de 8 cuerpos enterrados como “NN”, de las cuales dos personas figuran como víctimas en la Megacausa “Operativo Independencia”.
Una de las víctimas identificadas es Juan Manuel Salinas quien fue empleado municipal de Villa Recastre. Salinas era delegado gremial y fue secuestrado en Los Ralos el 16 de marzo de 1976, a partir del testimonio de Santos Aurelio Chaparro se supo que fue retenido en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “El Reformatorio”. También se sabe que en algún momento pasó por Jefatura de Policía ya que figura en una lista elaborada por la policía de la provincia titulada “Índice de declaraciones de Delincuentes Subversivos”.
La otra víctima identificada en el Cementerio del Norte el año pasado es Ysidoro Ferreiro Barbeito, de origen Español. Barbeito se instaló con sus padres en Tucumán. Cuando la familia se mudó a Córdoba, él se quedó para estudiar Ingeniería Eléctrica. El padre de la víctima se enteró de su secuestro por un amigo de su hijo.
Los especialistas también dieron detalles sobre otras 9 personas identificadas el año pasado en las investigaciones realizadas en Pozo de Vargas, donde ya se han logrado realizar 107 identificaciones desde que comenzaron las excavaciones en 2011. Las víctimas a las que se refirieron Gallo y Galia en la pasada audiencia son:
Ricardo Romualdo Abad, conocido como “Bombo” quien era oriundo de Santa Lucía. Su caso está siendo juzgado actualmente en el juicio Operativo Independencia. Obrero en el Cuerpo del Departamento General de Irrigación y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Tenía 59 años cuando fue secuestrado el 4 de mayo de 1975 frente a su familia por 6 personas vestidas con uniforme militar. A los dos meses aproximadamente fue arrojado desde una camioneta roja en la puerta de su casa atado de manos con un alambre y con claros signos de tortura en el cuerpo. Los militares que lo llevaron hasta su casa le dijeron que lo dejaban allí para que se despidiera de su familia. A los pocos días fue secuestrado nuevamente. Se presumía que su cuerpo había sido arrojado desde un helicóptero porque al día siguiente de su segundo secuestro unos cuantos habitantes vieron como una persona con poncho rojo, vestimenta habitual en la víctima,  era arrojada.
Ricarda Azucena Bermejo García nació en España. Fue militante de la Juventud Universitaria Peronista y de Montoneros. Al momento de su secuestro el 2 de noviembre de 1976 tenía 23 años, enseñaba geografía y vivía con su esposo Jorge Rondoletto en casa de los padres de éste, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ese día, a la hora de la siesta, un grupo de 30 personas aproximadamente realizó un operativo en el cual rodearon toda la manzana, ingresaron al negocio del padre de Jorge, Pedro Rondoletto, obligándolo a subir a un vehículo. Luego ingresaron al departamento de la pareja en el piso superior  y se los llevaron ambos junto el resto de la familia Rondoletto. Los secuestradores, vestidos de civil y con medias de nylon en la cabeza, robaron todas las pertenencias de valor, así como también dos autos. Se sabe que Jorge y Pedro Rondoletto fueron fusilados en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga, pero de Ricarda solo se sabía que había estado en Jefatura de Policía. Se encontraba embarazada de 4 meses al momento de su secuestro.
Alicia Dora Cerrota nació en Avellaneda, Buenos Aires. Ella y su compañero, José Eduardo Ramos, fueron secuestrados el primero de noviembre de 1976 del domicilio donde vivían en San Miguel de Tucumán. Ambos eran militantes de Montoneros. Ella estaba embarazada de un mes al momento del secuestro. Fue vista un año después, en 1977, en Jefatura de Policía, por lo que se cree que dio a luz en cautiverio. Su desaparición fue juzgada en la Megacausa Jefatura de Policía II.
Juan René Lazarte fue secuestrado el 24 de diciembre de 1976. Nació en la ciudad de La Banda del Río Salí, en la provincia de Tucumán. Según http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar estaba cumpliendo el servicio militar, habiendo sido asignado a la provincia de San Luis. Su causa no forma parte de este juicio.
José Francisco Toloza era técnico en seguridad industrial en la división Higiene y Seguridad Industrial de la Dirección General de Saneamiento Ambiental de la provincia de Tucumán. El 24 de mayo de 1977 volvía de su trabajo en bicicleta cuando una camioneta del Ejército le cortó el paso y efectivos lo obligaron a subir al vehículo. “Pepe” estudiaba Mecánica en la UTN e Ingeniería industrial en la UNSTA. Tenía 27 años. Estaba casado y tenía una hija de 3 años. Nunca más se supo de él hasta ahora. Su caso no forma parte de esta causa.
Arnaldo César Correa era dirigente sindical del Ingenio Providencia. Fue secuestrado el 27 de enero de 1977. Tenía 28 años. Se lo vio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Su desaparición se incluyó en el juicio de la Megacausa Jefatura II-Arsenales II.
Carlos Raúl Osores era electricista y militante del Partido Comunista. Vivía en El Empalme Ranchillos junto con madre y sus hermanas. En agosto de 1976 un grupo armado ingresó a su casa violentamente preguntando por él. Ese grupo estaba comandado por Camilo “Pancho” Orce, actualmente imputado en la causa Operativo Independencia. Carlos fue secuestrado al mes siguiente, el 16 o 17 de septiembre. Tenía 26 años cuando fue secuestrado. Su hijo y su esposa declararon el en el juicio de Jefatura II - Arsenales II.
Jorge Luis Romero y Roberto Julio Romero tenían 21 y 22 años. Los hermanos fueron secuestrados juntos el 15 de abril de 1976

lunes, 12 de junio de 2017

Fue Genocidio

Por Fabiana Cruz para El Diario del Juicio

El día 2 de Junio la sala del Tribunal estuvo conformada por un decoroso público: amigos y familiares de los imputados por los delitos cometidos durante el denominado Operativo Independencia. No es sorprendente, puesto que aquel día prestó declaración Silvia Ibarzábal, hija del coronel Jorge R. Ibarzábal, cuya muerte fue en el año 1974. Tampoco fue menos llamativa la presencia del concejal Ricardo Bussi (hijo del ex represor Domingo Bussi condenado por crímenes de lesa humanidad, ya fallecido) cuya presencia comienza a hacerse típica en circunstancias en las que sus amigos cobran voz durante el juicio oral.
Silvia Ibarzábal es vicepresidenta de la “Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina” nombre peculiar y para nada inocente, puesto que trata de un grupo de personas que relativizan las cifras de los desaparecidos y traen consigo la farsante idea de “guerra” en lo que refiere a la situación política de los años 70 en Argentina. Puede destacarse también el hecho de que en sus ejes principales no se encuentran ni meras intenciones de iniciar averiguaciones por los destinos de niños apropiados, los cuales admite la mismísima Silvia Ibarzábal, fueron despojados de sus identidades en el contexto mencionado: “se deben saber los destinos de esos niños” dijo al Tribunal, pero no es objetivo primordial ni último de su agrupación. Dicha organización según cuenta Silvia, comparte relaciones con familiares de desaparecidos. Un mes atrás en el programa “Intratables” que se transmite por América TV, dijo que hoy se vive mucho en el pasado y que entonces se hace necesario convalidar un solo discurso para las generaciones actuales, transmitir la noción de que hubo dos bandos en guerra. Esta idea que intenta disfrazar sus pretensiones de impunidad y que es generada por un sector social determinado, pudo compartirla también ante los jueces, argumentando que falta una parte de la historia que no fue contada.
La mujer prestó declaración en un tribunal que se vio rodeado de carteles en el exterior con banderas argentinas, con acusaciones a las Abuelas de Plaza de Mayo, además de una escalofriante frase “Nunca fueron 30.000, ni fueron inocentes”, sumado a otros carteles de la misma índole en el interior de la sala. De esta manera, brindó detalles de los más precisos en lo que refiere a la muerte de su padre. Según Silvia y sus allegados ideológicos, Jorge Roberto Ibarzábal fue asesinado un 19 de enero de 1974 por miembros del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y estos previamente lo habían mantenido secuestrado por alrededor de diez meses. Expuso detalles sorprendentes sobre todo lo que sabía durante la persecución policial en la que su padre perdió la vida, antes y después de la misma. Por último, brindó información periodística proveniente de la época.                       Cabe destacar que Silvia pudo enterrar a su padre, que recuperó el cuerpo y seguramente realizó el ritual de despedida. Mientras que hay un gran contraste con aquellos, “los del otro bando”, que una vez muertos fueron desaparecidos, como ser el caso de Sergio Dicovsky, acusado por Silvia de ser el autor material del asesinato. Dicovsky fue desaparecido en el año 1974, en el mismo día en que murió Ibarzábal. No hay detalles tan puntillosos acerca del destino del joven militante, pero lo cierto es que Sergio ya no está y que no hubo una causa en su contra al momento de su desaparición. No hubo un proceso judicial avalado, como no existió tampoco con las miles de víctimas del Operativo Independencia en Tucumán.
Podría hacerse memoria sobre el accionar militar y policial en Tucumán en aquella época, revalorando a los centenares de testimonios recogidos sobre personas que afirman que fueron secuestradas sin orden de arresto, a las que se allanaron sus hogares, se torturaron con picanas eléctricas, cortes en el cuerpo, patadas, escupitajos, golpes de puño hasta dejarlos inconscientes, baldazos de agua fría, hormigas en el cuerpo, amenazas de tirar sus cuerpos al vacío desde aviones, traslados en camiones como si fueran basura, más amenazas de muerte a familiares y amigos, balazos en piernas, abdomen, cara, sin atención médica, sin higiene y sin explicaciones de nada. Cuántos infinitos ejemplos monstruosos más de cosas que sucedieron en cautiverios clandestinos; mujeres que fueron violentadas sexualmente, niños separados de sus padres y otorgados a otras familias con la complicidad de la Iglesia, individuos a los que la locura después de haber sobrevivido al horror les provocó lentas y dolorosas muertes. Puede también hablarse de los exiliados, de los que no se animaron nunca a hablar, de los que vieron cosas y tuvieron miedo de decirlas, de los que fueron intimidados para callar, de los perseguidos inclusive en democracia, de los que todavía no saben dónde están los cuerpos de sus familiares, de los que sí saben y los encontraron en el Pozo de Vargas o en fosas comunes, de los asesinados y los desaparecidos. Así, con este par de cartas sobre la mesa, está el camino ancho y libre para decir con total seguridad que no hubo una guerra ni dos demonios, que no hay justicia si los responsables no cumplen condenas, que fue un plan sistemático de exterminio, que se violentó familias, universidades, sindicatos, agrupaciones, a militantes y no militantes, que los pueblos fueron arrasados, que el miedo fue instaurado en toda la sociedad y que aún se siguen sufriendo las consecuencias.
La teoría de los dos demonios quiere cobrar un mayor valor con estrategias discursivas aberrantes, se trata de un contexto político que lo permite, de medios masivos de comunicación que lo legitiman y reproducen, de una sociedad que ignora que para llegar a las cifras con las que se cuentan (30.000 compañeros desaparecidos) hubo años de investigación y de luchas, de conquistas sociales, de convertir todas estas causas en agenda obligatoria del Estado.
Pero vale también decir que en estos tiempos la unión resiste a la mentira, que las calles serán tomadas a cada provocación y a cada intento de olvido. Que aunque intenten distorsionar la verdad, envenenar la memoria, estará siempre un sector combatiente por los que no están, por los que se fueron, por los sobrevivientes, por sus familias y por toda una sociedad que dice al unísono: Nunca Más.

viernes, 9 de junio de 2017

Una vida en un contexto histórico

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio
Ph Elena Nicolay
En la audiencia del pasado jueves 1 de junio fue escuchado a través de videoconferencia desde Buenos Aires, Daniel de Santis, profesor de física de la Universidad de La Plata ya jubilado. Su historia de vida puede asimilarse a la de un diario de motocicleta, al sueño joven de un revolucionario con la carga de los años encima. A través de su relato, y a la luz de todas las audiencias transcurridas, podemos comenzar a entrever la estructura de la estrategia legal e ideológica planteada por la defensa. Si bien ya estamos cerca del final del juicio, los alegatos todavía no han sido planteados, pero a través de un análisis del discurso empleado desde la defensa podemos deshilar cuáles son las ideas que sostienen la “inocencia” de los acusados.
Daniel de Santis fue un reconocido militante del “Partido Revolucionario de los Trabajadores” (PRT), habiendo formado parte también de su brazo armado el “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP). En la actualidad  milita en la Juventud Guevarista Argentina y en la Unión del Pueblo, además dirige la Cátedra “Che Guevara”, desde la cual se ofrecen distintos cursos relacionados principalmente con el pensamiento del revolucionarios, el proceso revolucionario en América Latina y la historia del PRT-ERP.
La historia del PRT-ERP es algo que lo atraviesa profundamente. Comenzó a militar en 1968 y llegaría a ser parte del Comité Central en 1975, por lo cual, es innegable que sus investigaciones sobre la historia del partido ofrece una mirada muy valiosa a la hora de reconstruir el clima de la época en la cual comenzó gestarse el Proceso de Reorganización Nacional llevado adelante por las Fuerzas Armadas Argentinas, y su antecedente inmediato, el Operativo Independencia.
De Santis fue ofrecido en primer término por la fiscalía como testigo de contexto, particularmente en relación a su libro “La historia del PRT por sus protagonistas”, el cual también está ofrecido como prueba en la causa.
Curiosamente la fiscalía lo desestimó, sin embargo fue la parte defensora quien insistió en que De Santis fuera llamado a testificar. El porqué de su insistencia en llamar particularmente a este testigo llama la atención, dado su perfil, uno podría imaginarse antes de escuchar el relato que un histórico militante socialista tiene poco para decir en favor de imputados por delitos de lesa humanidad. En base a la práctica discursiva que viene sosteniendo la defensa pública podemos conjeturar, más allá de una defensa técnica, que la estrategia apunta a continuar con la construcción de un relato que pretende establecer un escenario en el cual las acciones de los imputados respondieron a las exigencias de un supuesto enfrentamiento con grupos guerrilleros. Es así que se intenta enmarcar las prácticas represivas y delictivas cometidas por los miembros de las fuerzas de seguridad dentro de un contexto de conflicto armado entre dos bandos, entre los cuales se encontraba la población, quien desgraciadamente habría quedado en el medio de estas dos facciones. Esta construcción ideológica, argumentativa y discursiva es lo que se conoce como la “Teoría de los dos demonios”, la cual tiene a su vez una veta judicial, como podemos ver en las preguntas y comentarios realizados por las defensas tanto pública como privada.
Esta teoría niega el genocidio y la persecución política llevada a cabo por las fuerzas de seguridad antes y después del golpe cívico-militar de 1976, la misma pretende equiparar el accionar de grupos disidentes con los agentes del Estado, invisibiliza la sistematicidad de estas prácticas, del terror público y la clandestinidad como armas de acción psicológica, el robo (también sistemático) de niños recién nacidos y separados de sus familias, negándoles su identidad. Esta idea de una guerra esconde las torturas, los secuestros el uso sistemático (otra vez esa palabra) de la violencia de género como método de tortura contra las mujeres.
Daniel de Santis desarrolla este concepto durante su testimonio, y ante las primeras preguntas de la defensa en alusión la “lucha popular” planteada en su libro responde “ya sé a dónde me quiere llevar. Usted analiza desde la doctrina militar a sus defendidos, los cuales representan una institución capitalista, esto no tiene que ver con los términos militares, es una cuestión ideológica. Es ocioso buscar entender el concepto de lucha popular desde esta concepción. Se tiene que entender que el pueblo se encontraba arrinconado en ese momento, había crisis, la represión era cada vez más intensa, estábamos arrinconados. En ese sentido la “lucha popular” se alzaba impulsada por las injusticias. No podemos salirnos de ese contexto”.
Desde un enfoque que pretende investigar los crímenes cometidos durante el proceso represivo, pero que también intente teorizar sobre el proceso histórico que atravesó la República Argentina, es importante entender la represión también como una categoría de análisis que nos permita pensar en ella como un mecanismo de control sobre la sociedad. En este sentido, el profesor De Santis opinó que esta represión se transmitió a través de una agresión que continúa hasta el día de hoy. La negación de quienes formaron parte del aparato represivo a revelar la ubicación de los cuerpos de lxs desaprecidxs, a revelar la identidad de lxs niños secuestradxs, son prácticas que indican una violencia que se ha mantenido por más de cuarenta años. “Santucho sigue desparecido. Más del 60% de este glorioso partido está desaparecido. Ustedes, los acusados, no querían juzgarnos, querían exterminarnos”.
El testigo dedica una sección especial de su relato para aclarar una serie de números. En primer lugar indica que nunca hubo seis mil combatientes. Si llegaron a contarse poco más de cinco mil trescientas personas organizadas, de las cuales no todas eran militantes. “Algunos teníamos armas. Una pistola nada en comparación del rifle de un soldado. Nos perseguían. Nos mataban. Nuestra preparación militar, si es que así se le puede llamar, distaba mucho de la que recibía un soldado del Ejército Argentino. No teníamos cuarteles, ni plazas de armas. Estos políticos burgueses, estos militares, ellos empujaban a la juventud estudiantil, a este pueblo obrero, a la lucha, a la resistencia. Por la violencia, por el hambre”.
Concluidas las preguntas de la defensa, el testigo relata guiado por las preguntas de la fiscalía, el contexto desde una perspectiva que abarca los procesos anteriores a 1975. En 1971 Susana Gaggero denunciaba el secuestro de su compañero, Luis Pujals, de la casa en la que vivían. Hasta el día de hoy continúa desaparecido. Susana fue torturada en esa misma casa y sería asesinada en 1976. Su cuerpo fue identificado recién en 2005. Pujals fue el primer caso de secuestro y desaparición sufrido por el PRT, además de los 104 casos de desaparición durante el gobierno constitucional, a los que deben ser agregados los secuestros ocurridos durante la última dictadura militar.
Hay un hecho interesante que se repite en muchos testimonios, y es que en muchas ocasiones los testigos no hacen una diferenciación clara entre el accionar de las fuerzas represivas antes y después del comienzo de las dictadura en 1976. De hecho, muchos testimonios ni siquiera hacen esta diferenciación entre antes y después del comienzo del Operativo Independencia. De Santis afirma que ya en el 74 la presencia militar y policial en Tucumán era desmedida para las fuerzas que se intentaban “combatir”. Podemos ver en esta pequeña referencia la continuidad de un procesos de escalada en la violencia y la sistematicidad de los mecanismos represivos, los cuales ya habían comenzado a funcionar en ciertos espacios antes incluso del comienzo formal del Operativo militar en Tucumán. El caso del Ingenio Nueva Baviera, en el sur de nuestra provincia, por ejemplo. Alrededor del cual las historias de secuestro y torturas a obreros de la fábrica y el surco comienzan en el año 72.
El testigo, quien fue llamado para aportar sobre el contexto, no puede hablar en tercera persona el proceso que se vivió. Él fue parte de ese contexto, moldeado y transformador del mismo. Concluye su relato “La idea de una guerra es absurda. Desde la misma doctrina militar no puede plantearse un enfrentamiento bélico como tal entre un ejército regular y nosotros, que jamás llegamos a conformarnos como tal. Jamás fuimos reconocidos como una fuerza beligerante ni ejército estable por ningún organismo, lo cual descarta totalmente la teoría de una guerra. Lo que buscaba el Ejército era el exterminio del enemigo. El enemigo era el pueblo. Por eso aniquilaron poblaciones enteras. No hubo una guerra, y si hubiera sido, la convención de Ginebra prohíbe toda una serie de prácticas, las cuales fueron todas aplicadas. Contra la población. La mayoría de las muertes se producían en el llano, es decir, la mayoría son desaparecidos o desaparecidas, y sin embargo querían hacer pasar esas muertes como productos de un combate ¿Y los cuerpos? ¿Por qué nunca fueron devueltos a sus familias?

lunes, 5 de junio de 2017

Día del Periodista

Por Tina Gardella para El Diario del Juicio


Desde la sala de audiencias del TOF, al mirar hacia arriba, un puñado de jóvenes se visualizan tras del vidrio que particulariza a ese sector del primer piso del edificio. Una especie de “pasarela vidriada” ha sido acondicionada tras sucesivos juicios para que los periodistas puedan cumplir su labor profesional. Desde distintos medios gráficos, radiofónicos, televisivos y portales de internet, acuden sus corresponsales a dar cuenta de lo que se desarrolla en el recinto o a buscar una entrevista informativa institucional preferentemente. Van y vienen. No están en todas las audiencias y por el “ritmo informativo” según la jerga periodística, los Juicios de Lesa Humanidad no ocupan lugar prevalente en la agenda para los medios, más allá de algunas excepciones y más allá de la voluntad de los propios periodistas.
Quienes sí están en todas las audiencias, son los integrantes del Diario del Juicio. Estudiantes universitarios y periodistas que sin descuidar el valor de la información y los logros para institucionalizar las problemáticas singulares/colectivas de la actuación terrorista del estado, ponen su trabaja al servicio de aquellos silenciados, olvidados y ninguneados de la historia.
Los testimonios de las víctimas, los testigos que acuden con toda su carga emocional y traumática, las historias de familias truncadas para nunca volver a ser lo que fueron, los amores destrozados, los hijos aterrados, los niños buscados, el desarraigo, la pobreza convertida en miseria, el trabajo reducido a la nada, el desprecio por el conocimiento y los saberes ancestrales, el control y disciplinamiento académico, las profesiones “marcadas”, la desconfianza instalada, la sospecha acrecentada, lazos y más lazos sociales hechos trizas… Estos han sido y son los múltiples abordajes llevados a cabo desde el Diario del Juicio en el afán de aportar a la construcción de una memoria atravesada por el necesario castigo a los culpables y por una justicia que sea el reaseguro del vínculo social. Para eso construyen escucha, la propia y la escucha social.
Dan cuenta de estos abordajes hasta las propias notas del Diario del Juicio relacionadas al campo periodístico: la desaparición y secuestro de Héctor Manuel Freijó, periodista y director de la revista “Claridad”, en Monteros (“Yo te voy a decir donde está enterrado tu papá” del martes 14 de Febrero de 2017) y la de Maurice Jeger, periodista corrector del diario La Gaceta (“La importancia de la construcción y el acompañamiento” y “Reflexiones de un hombre pequeñito” del martes 21 y miércoles 22 de Febrero de 2017 respectivamente)
Lo que se narra, la crónica que se instala, responden a un decir situado porque hay un recorrido histórico, político y social de los organismos de derechos humanos que ha demostrado la falacia del negacionismo y porque los integrantes del Diario del Juicio articulan y relacionan lo que escuchan y lo que pasa en las audiencias, con un presente que los atraviesa e interpela a ellos mismos.
No es raro verlos en las audiencias pero también en las marchas de Ni una Menos, en las expresiones contra los casos de violencia y abuso policial o en propuestas artísticas y culturales que entrelazan presente, pasado, futuro en una valiosa y rica experiencia político-social.
Por eso, para la marcha del 24 de marzo, los integrantes del Diario del Juicio eligieron para estampar en su remera la frase de Francisco “Paco” Urondo:
Arderá la Memoria hasta que todo sea como lo soñamos

Para el Día del Periodista, los integrantes del Diario del Juicio tienen un lugar privilegiado de festejo.

viernes, 2 de junio de 2017

La lucha de los Pueblos Originarios

Por Sofía Romera Zanoli para El Diario del Juicio

“Después de la década del 70 y a través de una larga lucha, que implicó 40 años, luego de vivir situaciones de injusticia y opresión, nuestros pueblos lograron el reconocimiento de los derechos colectivos por parte del Estado Argentino”, Delfin Gerónimo, Secretario General de la Unión de los Pueblos Diaguitas

Ph Elena Nicolay
La historia Argentina suele pasar por alto la participación de miembros de las Comunidades Indígenas como sujetos políticos. Comunidades que debieron organizarse para poder resistir el avance del terrorismo de Estado durante los años 70. Esta ausencia se ha hecho evidente a lo largo de los juicios por delito de lesa humanidad que se han llevado adelante en Tucumán, donde hemos podido reconstruir las historias de militantes sociales, sindicalistas, estudiantes, vecinos, obreros, políticos, intelectuales pero pocas veces hemos escuchado testimonios de indígenas.
Recién en Operativo Independencia, doceavo proceso judicial, han comenzado a sonar las voces de las Comunidades. Esas voces que dan cuenta que en nuestra provincia muchos de los desaparecidos y asesinados militaban o eran líderes  de organizaciones sociales indígenas, ejemplos de lucha que defendían sus territorios de los intereses de los grandes terratenientes.
Delfín aseguró: “en los años de dictadura cívico-militar se implementaron métodos destinados a vulnerar los reclamos de las movimientos indígenas en Tucumán”. El relato que el testigo-víctima Raúl Héctor de la Cruz expuso el pasado jueves 18 de mayo ante el Tribunal Oral Federal,  es una prueba ello. Raúl es oriundo de Tafí del Valle. Actualmente tiene 70 años.
“En 1972 las comunidades formamos La Federación Indígena con el fin de defender nuestras tierras de los avances de los terratenientes, pero la disolvimos una vez que empezaron los secuestros”, contó Raúl.
Todo comenzó en 1975. “Un grupo de hombres vestidos con uniforme verde irrumpieron en mi casa y me pidieron que los acompañe. Me encapucharon y me llevaron junto a dos compañeros de la Federación Indígena: Pedro Pablo Santana Campos, presidente de la organización y a Martiniano López, a un destacamento de Gendarmería que se encontraba en la zona del Mollar”.
Fuimos torturados e interrogados, nos preguntaban si teníamos contactos con grupos políticos, luego fuimos trasladados a la Escuelita de Famaillá, allí se escuchaban gritos y llantos. No teníamos noción del tiempo, sólo sabíamos que cuando ponían música fuerte empezaban las torturas”. El hombre aclaró que la última vez que escuchó a sus compañeros fue en ese centro clandestino de detención que funcionaba en La Escuelita.
En una oportunidad, los captores llevaron a Héctor a un aula donde “había una chica, parecía que tenía 16 o 17 años,  estaba totalmente desnuda y atada sobre una cama elástica, en un momento me sacaron la capucha que tenía puesta y le preguntaron si me conocía. La mujer contestó que no”, recordó el testigo con un cierto alivio, como si la respuesta de la joven lo hubiera salvado de una paliza.
También lo pusieron ante  Acdel Edgardo Vilas, el militar-genocida que antecedió a Antonio Domingo Bussi en el mando del Operativo Independencia en 1975 y que luego actuó como segundo comandante del V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. Acusado de ser el responsable de varios casos de secuestros y torturas, Vilas falleció en el 2010 sin ser juzgado por la justicia argentina. “Yo lo conocía porque él tenía una casa en Tafí del Valle, me dijo que lo único que podía hacer por mí era legalizarme y esa misma noche fui llevado a la cárcel de Villa Urquiza”
Tiempo después Raúl  fue trasladado a la cárcel de La Plata, luego a Sierra Chica y por último a Trelew. Recuperó su libertad en 1983. Hoy, más de 40 años después su historia llega a la sala de audiencias por pedido del Ministerio Público Fiscal, ya que el testimonio de Raúl Héctor Cruz no estaba previsto en este debate. Su nombre fue agregado a la lista de testigos, en los últimos días del juicio que juzga los delitos cometidos por 19 imputados  ex miembros de las fuerzas armadas antes del golpe de Estado de 1976.